La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia ante el Ministerio de Industria la falta de voluntad para abordar el problema de la pobreza energética, al tiempo que se perdonan 3.400 millones de euros a las eléctricas. La pobreza energética es una situación que afecta a más de 7 millones de personas en el Estado español, un 15% de la población, y que tiene como consecuencia la muerte de 7.000 personas al año durante los meses de invierno.

Miembros de la Plataforma han acudido a las puertas del Ministerio de Industria y de UNESA, la patronal de las eléctricas, vestidos de cobradores del frac, simbolizando a una ciudadanía que reclama un dinero que las eléctricas han cobrado de más y que entre otras cosas serviría para paliar el dramático problema de la pobreza energética.

Al mismo tiempo, en otros puntos del Estado se ha llevado a cabo actuaciones similares, de denuncia a las empresas energéticas, que deben ser conscientes de que gestionan un bien que tiene la particularidad de servicio público. Por la tarde, los terceros miércoles de los meses de invierno, se llevarán a cabo concentraciones en las principales plazas de las ciudades, denunciando la situación.

El frio del invierno volverá a azotar a los hogares en situación de pobreza energética, al mismo tiempo que se hace pública la investigación de anticorrupción al Ministerio de Industria por olvidarse de reclamar a las eléctricas 3.400 millones que habían cobrado de más como costes de transición a la competencia (CTC).

La situación es paradójica. El Estado debe velar por los intereses de la ciudadanía, y especialmente por la protección de los clientes vulnerables. Las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas natural, respectivamente, obligan a los Estados miembros a tomar medidas contra la pobreza energética, elaborar planes nacionales, y proteger a los clientes vulnerables. Pues bien, no sólo no se toman medidas, si no que el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, ha votado en contra de varias proposiciones de la oposición para abordar el problema. Al mismo tiempo, con un informe en la mano de la abogacía general del estado, que en 2008 dictaminaba que efectivamente las eléctricas habían cobrado 3.400 millones extra como CTC, dejaron pasar el plazo de 4 años para reclamarles su devolución.

La pobreza energética se define como la incapacidad para pagar los servicios mínimos energéticos, como por ejemplo mantener el hogar en a una temperatura adecuada. Afecta a amplias capas de la población, tanto a las personas con menos recursos como a clases medias. La escalada de los precios de la energía y la mala calidad generalizada de la construcción en el Estado español son las causas principales del problema, que se ve agravado por una situación de crisis generalizada en la que los ingresos de muchos hogares se han visto reducidos. Las consecuencias de la pobreza energética van desde la falta de integración, de aseo (por falta de agua caliente), de comida caliente, de estudio (por falta de iluminación), hasta la muerte sobrevenida en invierno de hasta 7.000 personas al año en el Estado español.

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