De acuerdo a un estudio presentado hoy por la Health and Environmental Alliance (HEAL), el tratamiento de las enfermedades vinculadas a estas sustancias químicas presentes en numerosos productos de consumo asciende a 31.000 millones de euros al año en la Unión Europea. El gasto sanitario en España por este motivo sería de 2.900 millones de euros.

Los alteradores hormonales o disruptores endocrinos (EDC en sus siglas en inglés) están presentes en alimentos y artículos de consumo cotidianos, como juguetes, productos de higiene, cremas solares, ropa o aparatos eléctricos y electrónicos. Son sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario, como ha advertido la Organización Mundial de la Salud.

Entre la lista de enfermedades y problemas sanitarios que los científicos relacionan con la alteración del sistema endocrino están: los problemas reproductivos y de fertilidad; cánceres de mama, próstata y testículos; desórdenes conductuales en los niños; obesidad y diabetes. La incidencia de muchas de estas dolencias está aumentando con rapidez.

El informe de HEAL, alianza de la que forma parte Ecologistas en Acción, estima que las enfermedades vinculadas a las alteraciones hormonales representan un coste de más de 58.000 millones de euros anuales en España. Se estima que al menos el 5% del total estaría directamente relacionado con la exposición a EDC, por lo que el coste sanitario asociado a estas sustancias sería de 2.900 millones.

Este gasto podría reducirse si se aplican medidas para restringir los alteradores hormonales en numerosos productos y artículos de consumo. Existen alternativas a estas sustancias químicas tóxicas, pero tanto la Unión Europea como el Gobierno español están retrasando la adopción de medidas vinculantes. La presión de la industria, en particular los fabricantes de plaguicidas, parece estar detrás de esa demora.

Las organizaciones sociales reclaman un calendario específico para que las sustancias alteradoras hormonales sean identificadas y sustituidas por alternativas más seguras. Ya se han emprendido algunas acciones regulatorias, como la prohibición del Bisfenol A (uno de los EDC más conocidos) en los biberones de plástico. También los Reglamentos de Plaguicidas y Biocidas prohíben estas sustancias, pero no se ha aplicado la prohibición por la demora de la Comisión Europea a aprobar los criterios para identificar estas sustancias.

Algunos países han adoptado además restricciones nacionales a los EDC. No es el caso de España, a pesar de los llamamientos de emergencia lanzados por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 3800 investigadores y profesionales de la salud pública en España, además de decenas de organizaciones sociales y sindicatos.

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