El cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) no debería ser ampliado por estar en una ubicación inapropiada y por resultar suficiente para las necesidades presentes de gestión de residuos que no sean alta. El malestar de los pueblos tras la reducción e las ayudas es muestra que el apoyo a esta instalación se debe únicamente a la existencia de estas ayudas.

El anuncio de ENRESA, empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, de la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) ha chocado con la oposición de los municipios colindantes. Esta oposición se basa en la supresión de las ayudas que la Fundación ENRESA destinaba a dichos municipios. Los ayuntamientos protestan con razón porque la ampliación les traerá nuevas molestias y ningún beneficio añadido.

La ampliación implica un aumento de los transportes y del riesgo asociado a la instalación. Estos hechos muestran a las claras que la instalación de El Cabril en sí misma no trae riqueza alguna para la zona y que son esos subsidios la única razón para que las poblaciones vecinas apoyen esta instalación.

Este anuncio de ampliación es insensato por la inapropiada ubicación de El Cabril. En efecto, se encuentra en la Sierra de Hornachuelos, un paraje con valor natural, muy alejado de la mayoría de las instalaciones radiactivas y nucleares españolas, lo que aumenta los transportes con la consiguiente peligrosidad y el aumento del riesgo de accidentes. Además, está en una de las zonas de mayor actividad sísmica de la Península Ibérica.

Para Ecologistas en Acción, El Cabril todavía tiene capacidad suficiente para hacerse cargo de los residuos radiactivos y nucleares de media a muy baja actividad, especialmente tras la habilitación de las celdas de residuos de muy baja actividad. Esto da tiempo para abrir un debate más general sobre energía nuclear y residuos que permitiría tomar una decisión con más consenso social.

No hay que olvidar que El Cabril se instaló en su presente emplazamiento siguiendo una política de hechos consumados. En efecto, a mediados de los 80, tras la creación de ENRESA se depositaron allí de forma ilegal y sin permiso, según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, residuos procedentes de centrales nucleares. En 1992 se construyó el presente emplazamiento que ahora pretende ser ampliado.

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