Las recientes declaraciones del presidente la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), Francisco Gil Ortega, sobre la prolongación de la vida de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años son una insensatez y una intromisión. Ecologistas en Acción considera alarmante la actitud del representante de una entidad pública, que trata de satisfacer los deseos de compañías eléctricas con anuncios como el de la ampliación el cementerio nuclear de El Cabril y la finalización del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas en 2017.

La vida útil de una central nuclear la determinan sus niveles de seguridad. Y corresponde únicamente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictaminar ese momento. Ni el Gobierno ni mucho menos el presidente de Enresa tienen potestad para garantizar que una central puede funcionar una o dos décadas más de lo permitido actualmente. Además, no hay más que ver el estado en que se encuentran las centrales de más de 40 años para comprender la temeridad que supondría prolongar el tiempo de funcionamiento. En el caso de la central de Garoña (Burgos) es la propia empresa propietaria, Nuclenor, quien ha desistido de continuar con la explotación de la central, puesto que debería realizar un gasto de unos 150 millones de euros para mantener la central en funcionamiento. Y, dado el estado de la central, el riesgo de nuevas averías o accidentes resultan disuasorios.

Gil Ortega, como representante de una entidad pública, encargada de la gestión de los residuos radiactivos y controlada por el Parlamento, debería mantener la neutralidad en el debate nuclear y garantizar la transparencia. Hace todo lo contrario con declaraciones grandilocuentes y grandes anuncios.

Parece confundir sus deseos con la realidad al anunciar que el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), donde se depositarán los residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas, estará listo den 2017. La complejidad del proyecto de construcción y las dificultades inherentes a los terrenos elegidos hacen inviable que el ATC esté listo en esa fecha. Y eso suponiendo que un nuevo Gobierno no frene un proyecto en un terreno que no es apto para ello, según confirman varios informes.

Estas declaraciones, junto con el anuncio de la ampliación del cementerio nuclear de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba), suponen un claro apoyo político a las compañías eléctricas que poseen centrales nucleares y que, en el presente sistema eléctrico, están recibiendo enormes beneficios por la explotación de las centrales. Hay que entender este gesto en el marco de las negociaciones entre el gobierno y las eléctricas y como compensación por la anulación de la última subasta CESUR. Es triste e insensato que se someta la política energética y la apuesta por la energía nuclear a los intereses de estas compañías privadas.

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