El Gobierno estudia aprobar un Real Decreto (RD) que modificaría el Reglamento clave de la seguridad nuclear para permitir la reapertura de Garoña. Este RD, dedicado en teoría a trasponer una Directiva Europea sobre Gestión de Residuos de alta Actividad, planea abrir la posibilidad de que aquellas instalaciones nucleares cerradas por motivos “que no estén relacionados con la seguridad” pueden pedir su reapertura, reduciéndose así las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad.

El RD en cuestión, debería únicamente trasponer la Directiva Europea que pretende aumentar la seguridad en la gestión de los residuos radiactivos. Sin embargo viene a modificar de tapadillo nada más y nada menos que el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), pieza clave de la regulación de la seguridad nuclear en España. En concreto, se establecería la posibilidad de que una instalación que llega a su cese de explotación tiene un año de plazo para solicitar su puesta en marcha, siempre que la paralización no se produzca por motivos de seguridad.

Para Ecologistas en Acción la aprobación de este RD es escandalosa en primer lugar porque viene a modificar una pieza tan importante de nuestra reglamentación nuclear como el RINR a la medida de Garoña. De esta forma, para permitir que la empresa Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola al 50 %), se abre un importante boquete en la seguridad al permitir que las instalaciones soliciten su reapertura abreviando los procedimientos habituales que dan mayores garantías sobre el estado de las instalaciones.

En segundo lugar, durante este año de plazo, la seguridad de la instalación ha podido degradarse y la plantilla encargada de mantenerla se ha podido perder ya que la empresa habrá dejado de obtener beneficios y, por tanto, querrá reducir gastos. Tal es lo que ha ocurrido en Garoña. Además, durante ese tiempo en que la instalación no funcione se perderá la tensión necesaria para mantener los mismos niveles de seguridad y mantenimiento que si estuviera operativa.

En tercer lugar, se dice que Garoña no cierra por “motivos de seguridad” sino por razones económicas. En realidad los motivos económicos son en última instancia de seguridad. En efecto, Garoña ha de invertir más de 130 millones de euros para llevar su seguridad a niveles admisibles para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). No tendría necesidad de esa inversión económica si no fuera por las exigencias de seguridad. Del mismo modo, el precio del kWh en las centrales nucleares se ha incrementado por la necesidad de mejorar la seguridad.

Por si todo esto fuera poco, a Nuclenor no le ha interesado hasta la fecha mantener Garoña en funcionamiento a pesar de las oportunidades que le ha dado el Gobierno, que ha llegado a obligar al CSN a emitir un dictamen sobre el estado de la central en 5 días, con gran daño para la reputación del CSN. Dado que hoy no han cambiado las condiciones económicas de Garoña, es muy probable que Nuclenor siga sin estar interesado en mantener Garoña en funcionamiento. Y es que el lamentable estado de la central nuclear supone en sí mismo una gran incertidumbre tecnológica. No es descabellado que, tras el gasto de más de 130 millones de euros, se produzca alguna avería que obligue a nuevas paradas de la central o a un accidente con fugas radiactivas al medio ambiente.

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