La reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) mañana 13 de noviembre reunirá a los embajadores de los Estados miembros con el objetivo de consensuar una postura que se espera sea la base de la decisión final del Consejo de Europa en relación a las políticas europeas sobre agrocombustibles [1].

El análisis de las posiciones defendidas por los representantes españoles en las últimas rondas de negociación muestra una posición radicalizada y muy preocupante. El Gobierno español defiende elevar el límite a los llamados biocombustibles de primera generación (procedentes de materias alimentarias) hasta un 8%, mientras que la Comisión Europea proponía limitarlo a un 5%, y el Parlamento fijó el límite en el 6%, pero incluyendo también a cultivos energéticos no alimentarios, como la jatropha o la pongamia.

Para Ecologistas en Acción, este límite debería ser lo más bajo posible. De hecho, en ausencia de compromisos obligatorios de reducción de los consumos energéticos, ni garantías de sostenibilidad en los agrocombustibles, dichos objetivos no tienen ningún sentido por no contribuir a paliar la crisis energética y climática, y profundizar la crisis alimentaria. En este sentido, incluso el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, el FMI y otras cinco agencias de la ONU recomendaron al G20 que suprimieran los objetivos obligatorios de introducción de agrocombustibles, alegando que “los precios de los alimentos son sustancialmente más elevados de lo que serían si no se produjesen biocombustibles”.

Ecologistas en Acción se pregunta si el Gobierno ha valorado el coste económico para los contribuyentes de su postura. El consumo del mercado español de agrocombustibles superó en 2011 el 8%, gracias a la exención del impuesto especial sobre hidrocarburos y los objetivos nacionales de consumo obligatorio. El International Institute for Sustainable Development evaluó que ambos mecanismos de fomento tuvieron un coste superior a 1.100 millones de € [2]. Precisamente para reducir el impacto económico a contribuyentes y conductores/as, el Gobierno español suprimió este año dicha exención fiscal y redujo el objetivo nacional de consumo al 4,1%. Esta medida es completamente opuesta a las posiciones defendidas ahora en el seno del Consejo Europeo.

Resulta también preocupante el apoyo español a la “transferencia estadística”, por el cual agrocombustibles consumidos en un estado miembro podrían transferirse a la contabilidad de otros estados pequeños y aislados. En el caso español, con una capacidad de producción de agrocombustibles que el propio gobierno [3] reconoce en un 20% y que no tienen parangón en toda la UE, este mecanismo incentivaría el consumo de agrocombustibles en nuestro territorio para luego transferirse a otros estados.

Otro aspecto a destacar es la propuesta de nuestros representantes de que la materia orgánica separada en origen se incluya dentro de las materias primas con las que fabricar “biocombustibles avanzados”, contraviniendo peligrosamente el principio de Jerarquía en el Tratamiento de Residuos, vigente en el ordenamiento comunitario, que prioriza el reciclaje o compostaje frente a la valorización energética. Coincidiendo con el inicio de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP19) en Polonia, es necesario recordar que esta sería una de las medidas por las que los agrocombustibles incrementarían las emisiones de efecto invernadero, en lugar de reducir emisiones en forma de compost orgánico incorporado a los suelos.

En este sentido, el aspecto más preocupante es que el Gobierno mantiene su oposición a la incorporación en la contabilidad de emisiones de las resultantes del cambio indirecto de uso del suelo, y que en el caso de los dos agrocombustibles mayoritarios del mercado español (biodiesel a partir de aceites de soja y palma), anulan cualquier hipotético ahorro de emisiones.

En conclusión, las posiciones del Gobierno español en el debate comunitario apuestan por un consumo creciente de agrocombustibles que profundizará la crisis alimentaria y climática. A su vez, a nivel nacional mantiene inactivo el mecanismo para garantizar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de los agrocombustibles que exige la Directiva de Energías Renovables. Un suspenso absoluto.

Con el objetivo de revertir esta situación, Ecologistas en Acción se suma a una campaña de docenas de organizaciones sociales europeas en las redes sociales. Bajo las etiquetas #agrocombustibles o #foodnotfuel, anima a la ciudadanía a enviar mensajes a los ministros competentes que prioricen la alimentación de las personas y la lucha contra el cambio climático a un sistema de transporte inviable y una industria insostenible.

Recordamos que en septiembre de 2013 docenas de organizaciones sociales integradas en Coalición Clima, Plataforma Rural y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, le enviaron sendas cartas a los ministros Soria y Arias Cañete con una serie de propuestas que en ninguna medida han sido tenidas en cuenta. Éstas eran:
- Inclusión de factores ILUC obligatorios para asegurar que todos los impactos climáticos de los agrocombustibles se tomen en cuenta.
- Reforzar y endurecer el límite a los agrocombustibles (aquellos que compiten por la tierra y con los cultivos alimentarios)
- Promoción de alternativas verdaderamente sostenibles
- Reducción sustancial del consumo energético en el transporte para 2020

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