Hoy ha entrado a debate en el Congreso de los Diputados el proyecto de “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”, más conocida como Ley Montoro. Esta ley ha levantado un importante rechazo político y también social por parte de la población rural, cuya vida se verá seriamente afectada en caso de ser aprobada. También tendría graves repercusiones medioambientales, derivadas del abandono del campo y de procesos de privatización. La degradación ecológica y pérdida de biodiversidad figuran entre los probables “efectos colaterales” de una reforma que tiene poco de racional, según denuncia Ecologistas en Acción.

La supuesta racionalidad presupuestaria no queda en absoluto demostrada con las cuentas presentadas hasta ahora. La reforma, abre la posibilidad de desmantelamiento de las 1.024 Mancomunidades intermunicipales de Servicios y las 3.725 Entidades Locales Menores (ELM). Y concentraría más poder y recursos en las Diputaciones Provinciales.

Resulta obvio que reducirá la autonomía de la población rural y afectará a sus condciones de vida, suponiendo el acta de defunción, precisamente, de las zonas rurales más despobladas y envejecidas, es decir, aquellas que más necesitan los servicios públicos.

La desaparición de las Entidades Locales Menores (ELM) puede afectar además el rico patrimonio cultural del Estado Español. La transferencia de las propiedades comunales (12% del territorio español) y rentas generadas desde esas entidades a los Ayuntamientos puede suponer la antesala de la privatización de estos bienes para financiar la deuda del Estado.

Los bienes de las ELM, desde hace siglos, han generado rentas necesarias para mantener servicios locales (aguas, servicios culturales, festejos, etc.). Han supuesto además un importante recurso para el autoempleo y la subsistencia de la economía local, proveyendo de pastos, leña y otros recursos silvícolas a su población. La enajenación de estos bienes y su concentración en manos de macro-Ayuntamientos y Diputaciones, puede servir para dar entrada a megaproyectos (cinegéticos, de explotación forestal u otras actividades extractivistas) impulsados por capitales extralocales. Esta concentración generará importantes procesos de insostenibilidad social y ecológica en nuestro medio rural.

“La Ley Montoro incidirá en la dramática pérdida de población del medio rural del interior peninsular. La experiencia nos dice que aquellas zonas rurales que van quedando abandonadas se ven sumidas en una importante degradación ecológica y pérdida de biodiversidad a muy distintos niveles. Esta degradación es fruto del abandono de los usos extensivos del territorio, como son el pastoreo o gran número de prácticas silvícolas de pequeña escala. El problema que debería solucionar esta Ley son los desequilibrios territoriales generados por el despoblamiento rural. Pero tal y como está planteada los profundizará”, explica Daniel López, doctor en Desarrollo Rural Sostenible y responsable de Agroecología de Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción se opone a la aprobación de dicha Ley, y propone una “Ley de Sostenibilidad Rural” que refuerce la participación en la gobernanza de nuestro medio rural, mejore la calidad y el acceso de la población rural a los servicios públicos y promueva los usos sostenibles del territorio, como fuente de empleo y vida para el medio rural.

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