Ecologistas en Acción ha presentado objeciones al Proyecto de Real Decreto sobre gestión de residuos radiactivos que está elaborando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). Lo más grave es el intento de modificar la ley para permitir que Garoña pida una prórroga en un año, pese a haberse producido su cese de explotación, y así abrir un peligroso precedente para futuras clausuras de instalaciones nucleares y radiactivas.

Se acaba de cerrar el plazo para comentar el nuevo “Proyecto de Real Decreto (RD) para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado”, que el Gobierno ha sometido a audiencia de los grupos interesados. Con este RD el Minetur trata de transponer la Directiva que emitió la Euratom para armonizar y aumentar la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad en la UE. Sin embargo, opinión de Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, el proyecto de nuevo RD presentado no solo no mejora la seguridad, sino que introduce elementos en que esta podría degradarse, contradiciendo el espíritu y la letra de la antedicha Directiva.

Los principales problemas proceden de que se cambia el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), básico para garantizar unos mínimos de seguridad de las plantas españolas, a la medida de lo que precisa Nuclenor para reabrir la central de Garoña, si a esta empresa le interesara en el futuro. Además se daría lugar a un peligroso precedente que permitiría hacer esto mismo con diferentes centrales. Resulta escandaloso introducir estas importantes modificaciones en la ley solo porque le interese a una empresa privada. En la actualidad para reabrir la central es necesario pedir un permiso de explotación nuevo, como si la planta fuese nueva, y someterse a todas las pruebas e inspecciones de seguridad ordenados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El nuevo RD distingue entre motivos de seguridad y otros, como por ejemplo económicos, lo que es inverosímil, ya que, finalmente, con fuertes gastos, siempre se podrá llevar a la planta a los niveles de seguridad exigidos por el CSN. El tiempo de parada supondría para la empresa propietaria una merma en la cultura de seguridad, además de la pérdida del conocimiento de los trabajadores por la relajación de estos e, incluso, porque muchos de ellos pasen de trabajar en la central a otra instalación.

Con este cambio en el RD se acortarían también los trámites para conseguir la reapertura de la planta, de tal forma que el CSN tendría menos tiempo y menos margen de maniobra para evaluar el estado de seguridad de la instalación en cuestión.

Además de este importante problema, el nuevo RD ignora algunos de los problemas de la gestión del combustible gastado que se arrastran en España. Por ejemplo, se asegura que la gestión de los residuos de alta correrá a cargo de quien los ha generado, olvidando varios hechos fundamentales. El primero que no se sabe cual será el método de gestión adoptado, por lo que resulta imposible calcular cuanto costará. En segundo lugar, es improbable que las empresas que generaron los residuos existan a la hora de gestionarlos, por lo que es también dudoso que puedan pagar la totalidad de la gestión. En tercer lugar, el 70% de los fondos dedicados a la gestión proceden hoy de dinero pagado por los consumidores con cargo al recibo de la electricidad. Hace falta una gran aportación de los generadores de residuos para poder devolver este dinero a los consumidores.

En lugar de aumentar la seguridad, el RD introduce mayores incertidumbres como la posibilidad del traslado de residuos fuera de la UE.

En resumen, se trata de un Proyecto de RD que adolece de graves defectos y que, en particular, introduce cambios en el RINR a la medida de las necesidades de una empresa privada.

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