El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento comunitario sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), cuya actualización se aprobó en el último Consejo de Ministros, no cuenta con presupuesto para su desarrollo.

Los contaminantes orgánicos persistentes suponen un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente de todo el planeta por su elevada toxicidad, persistencia, bioacumulación y capacidad de dispersión. No hay niveles de exposición seguros a estas sustancias. Además de contaminantes clorados tradicionales como el DDT, PCB o dioxinas, el Plan contempla sustancias como los pirorretardantes bromados, las parafinas cloradas o los compuestos perfluorados, utilizados ampliamente en la fabricación de productos industriales y de consumo hasta muy recientemente, y por tanto, presentes en los hogares.

El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo tiene como objetivo recopilar información y elaborar un diagnóstico de la situación española respecto a los COP y, en consecuencia, formular las medidas necesarias para ajustarse a las obligaciones que imponen tanto este convenio internacional como el Reglamento.

El Plan incluye medidas de información y sensibilización a la población sobre cómo reducir la exposición a estos tóxicos, información, formación y asistencia técnica a profesionales y empresas sobre cómo identificar y sustituir COP, medidas para mejorar la identificación y la gestión de residuos que contienen COP, medidas para vigilar la exposición a COP de la población y el medio ambiente y medidas para reducir la liberación al medio ambiente de estos tóxicos, entre otras acciones.

El 100% de la población española presenta concentraciones corporales de COP. Así, un estudio sobre 19 COP en la población general catalana detectó p,p’–DDE (principal metabolito del DDT, prohibido éste hace 30 años) en el 100% de las 919 personas analizadas. El 73% de la población almacena 10 o más de estos 19 contaminantes analizados. Otro estudio de 16 contaminantes tóxicos persistentes en placentas de mujeres del sudeste español detectó residuos en todas las placentas, con una media de 8 plaguicidas por placenta y detectando compuestos como el DDE, DDT, endosulfán y lindano en más del 50% de las muestras. En un estudio realizado a chicas embarazadas en Tenerife se detectaron alguno de los 7 PCB y 18 plaguicidas clorados estudiados en el 67% de las muestras de líquido amniótico.

“Es muy grave que el gobierno deje sin recursos la protección de la población y del medio ambiente frente a estos contaminantes químicos tan preocupantes. La salud es un derecho fundamental que está siendo vulnerado”, ha declarado Dolores Romano de Ecologistas en Acción.

Tal como reclamaban 40 organizaciones sociales en un escrito al gobierno al inicio de la crisis:

“La actual situación de crisis económica no sólo no es un argumento para abandonar la responsabilidad política de proteger la salud pública, sino que ofrece una oportunidad histórica para impulsar políticas, programas, servicios y productos que protejan a la población y al medio ambiente del riesgo químico. Hay que atender al coste social y ambiental en términos de enfermedad, muertes, años de vida perdidos o limpieza ambiental que se puede reducir”.

La elevada toxicidad y la gran capacidad de perdurar en el tiempo sin degradarse de estas sustancias, exigen de la Administración la adopción de medidas urgentes para reducir la exposición a los COP sin dilaciones ni excusas.

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