El 16 de enero, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria presentó un informe en el que reconocía el impacto de tres insecticidas del tipo denominado “neonicotinoides” sobre la creciente mortandad de las abejas en Europa. Dos semanas después, la Comisión Europea propuso a los estados miembro la prohibición parcial en el uso de estos insecticidas. Entre ayer y hoy se desarrolló el debate acerca de esta propuesta entre expertos de los 27 países, con el resultado de una mayoría de países favorables a la prohibición, entre ellos España. Sin embargo, esta mayoría no es cualificada, y la Comisión Europea estudia ahora los siguientes pasos a dar, y ha afirmado seguir “comprometida con medidas ambiciosas” de cara a la protección de los insectos polinizadores. La votación muestra la creciente preocupación entre los gobiernos europeos frente a la elevada mortandad de las colonias de abejas. Las abejas son responsables de más de la mitad de las polinizaciones en la naturaleza y de más del 80% de los cultivos europeos, y los servicios de polinización que generan en Europa han sido valorados en 22.000 millones de euros anuales. La Comisión ha propuesto la prohibición de la comercialización de semillas tratadas con estos tres insecticidas (Imidacloprid, Thiametoxam y Clotianidina) de cuatro cultivos (algodón, maíz, girasol y algodón). La principal oposición a la prohibición en la sociedad civil europea ha venido de las empresas productoras de estos insecticidas (principalmente los colosos agroquímicos Bayer y Syngenta). La prohibición desde hace años en Francia, Italia o Alemania no ha reportado descensos en los rendimientos, lo cual muestra que los principales afectados por la prohibición serían las ventas de estas empresas. Resultan extrañas las abstenciones del Reino Unido, y especialmente de Alemania, que desde 2008 prohibió el uso de los insecticidas neonocotinoides. A su vez, la oposición a la prohibición por parte de Rumanía y Hungría, que se sitúan entre los principales productores de miel de la UE. Todo hace pensar que los intereses de las empresas de agroquímicos han estado muy presentes en la reunión. Daniel López, responsable de Agroecología de Ecologistas en Acción, se mostró satisfecho por la postura del gobierno Español: “La carta enviada este lunes al Ministro de Agricultura, firmada por 72 organizaciones favorables a la prohibición, ha hecho que el Gobierno cambie de opinión respecto al riesgo que suponen estos insecticidas. El consenso conseguido entre organizaciones ecologistas, de consumidores y amplios sectores de las organizaciones profesionales agrarias ha mostrado que seguir apostando por una producción agraria agresiva perjudica al propio sector agrario, y que no beneficia a la sociedad. Tras este primer paso, debemos seguir trabajando para la prohibición total de los insecticidas neonicotinoides en toda Europa, y por el desarrollo de modelos agroalimentarios que generen alimentos de calidad y resulten sostenibles”. De hecho, el debate aun no está cerrado, y la Comisión Europea debe decidir ahora si modifica la propuesta o eleva la decisión a instancias más altas en la UE. Entre tanto, la sociedad civil seguirá afirmando que la agricultura europea no necesita asumir riesgos para alimentarnos y para mantener población activa y productiva en nuestro medio rural.
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