El 13 de marzo se votó en el Parlamento Europeo la propuesta de los 4 textos de la Política Agraria Común de la UE, que se implementará entre 2015 y 2020. Esta política gestiona más del 40% del presupuesto europeo, con impactos ambientales y sociales muy importantes en nuestro territorio. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de negociación de la Comisión Europea con los Estados Miembro.

Por primera vez, el Parlamento Europeo ha votado sobre una política de la Unión Europea, iniciando el mecanismo de “codecisión” con la Comisión Europea. El resultado ha eliminado algunas de las peores propuestas, como aquellas relativas a la doble financiación o a ciertas equivalencias para acceder al 30% del cheque de pago único asignado al cumplimiento de ciertas pautas de manejo agrario sostenible, que resultaban dudosas.

Asimismo, se han dado algunos pasos interesantes como la condicionalidad del cumplimiento de la Directiva Marco sobre uso de pesticidas; o el establecimiento de un porcentaje mínimo de gasto para medidas con fines ambientales en los fondos de desarrollo rural (reglamento FEADER).

El debate en el Parlamento Europeo deja fuera un gran número de cuestiones de gran impacto social en nuestro sistema agroalimentario. Mantiene la propuesta de pagos por hectárea y el tope de pagos directos por explotación en 300.000€/año, mientras que en España la media es de 5.600€/año. Esta medida sigue sin hacer frente a la importante injusticia en el reparto de fondos por la fuerte transferencia a las explotaciones más grandes y los grandes propietarios de la tierra en Europa.

Asimismo, esta propuesta no condiciona los pagos directos al cumplimiento de políticas básicas de la UE, como la Directiva Marco de Agua y deja fuera el apoyo a los sistemas agrarios de Alto Valor Natural propuesto por la Comisión Europea, que podría haber tenido un importante papel en el apoyo de prácticas de gran relevancia ecológica, como la ganadería extensiva y la agricultura ecológica.

Por último, el Parlamento Europeo sigue apostando por un sistema agroalimentario basado en la globalización, continúa impulsando la concentración de las producciones en pocas manos y subordinando la producción primaria a la agroindustria y la distribución comercial a gran escala. Su apuesta por las relaciones contractuales entre producción primaria y transformadores sienta bases sólidas para una mayor financiarización de los alimentos. Lo cual va abiertamente en contra del carácter de necesidad básica de la alimentación.

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