Tras el cierre de Garoña, el grupo de presión nuclear lanzó el órdago de Almaraz I, que ha paralizado su recarga hasta el próximo enero. Las nucleares, que serán además expedientadas por no cambiar su régimen de sociedades, no quieren perder ni una prebenda. Ceder al chantaje supondría un peligroso precedente, advierte Ecologistas en Acción.

El próximo jueves el Congreso votará el paquete de medidas fiscales que, entre otras cosas, fijará un impuesto sobre el combustible gastado a pagar a partir del próximo mes de enero. La oposición a esta nueva tasa llevó a que el pasado domingo la central burgalesa de Garoña se desconectara y procediera a la extracción del combustible del núcleo, lo que supone una antesala a su cierre irreversible.

El chantaje del sector nuclear siguió con Almaraz I, que ha congelado una recarga que debería haber comenzado el pasado 7 de diciembre y que se ha postergado hasta enero de 2013. La central extremeña, propiedad de Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%), presionó de esta forma sobre un Gobierno empeñado en defender la energía nuclear a la par que hunde a las limpias y renovables. Como no podría ser de otra manera, los propietarios de Almaraz han decidido seguir obteniendo beneficios y reiniciarán la central en enero.

Ecologistas en Acción subraya que el Gobierno no debería ceder a los chantajes. Y tampoco debería pasar por alto que las centrales no han cambiado su modelo de sociedades, pese a estar obligadas a ello. La anunciada apertura de un expediente por incumplimiento en el cambio de régimen societario muestra que el sector está dispuesto a seguir sus desafíos.

Las nucleares han sido ampliamente favorecidas por el marco legal del sector eléctrico, que ha motivado que obtengan enormes ganancias durante todos estos años, especialmente aquéllas centrales más antiguas, como Garoña o Almaraz.

La fijación de un impuesto sobre el combustible gastado supone un acercamiento hacia la internalización de los costes de la energía nuclear. Si bien el impuesto fijado no puede cubrir los costes de gestión de los residuos de alta radiactividad durante cientos de miles de años, sí supone un paso adelante. Este impuesto supondría una recaudación anual de algo menos de 400 millones de euros, todavía por debajo de los costes de la gestión, incluso en los próximos 60 años, cifrados por ENRESA en 13.500 millones de euros.

La construcción de un Almacén Transitorio Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas, es otra de las prebendas a la industria nuclear. La construcción del cementerio de residuos nucleares, desbloqueada por el actual Ministro de Industria, es básica para permitir el alargamiento de la vida de las nucleares o para un hipotético relanzamiento nuclear. Es más que dudoso que éste se produzca en las actuales circunstancias en que el accidente de Fukushima ha generado una gran animadversión pública hacia la energía nuclear y ha supuesto un encarecimiento del KWh al aumentar las medidas de seguridad.

Es posible además que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y eleve al alza las exigencias de seguridad nuclear en los países miembros, lo que dificultaría aún más la continuidad de las centrales más antiguas.

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