La industria nuclear echa un nuevo pulso al Gobierno español, amenazando con el cierre inmediato de la central de Garoña. La inminente aprobación de un nuevo impuesto que graba el combustible nuclear gastado, vuelve a poner en pie de guerra a un sector que no quieren perder el trato de favor. Y eso a pesar de que esta nueva carga fiscal está muy lejos de cubrir el verdadero coste de la gestión de residuos nucleares, como recuerda Ecologistas en Acción.

La central de Santa María de Garoña, en Burgos, se ha convertido en la clave del pulso entre la industria nuclear y el gobierno. Después de que Nuclenor, gestora de la central, anunciara el cierre en julio de 2013, ahora ese apagón podría adelantarse. Sus directivos han anunciado que en los próximos días comenzará el trasvase del combustible nuclear del reactor a la piscina.

Se evitaría de este modo el pago de un impuesto sobre los residuos nucleares que entraría en vigor en enero de 2013 si se aprueba la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética. El impuesto alcanza la cifra de 2190 euros por kilo de combustible, lo que supondría unos 150 millones de euros por todo el núcleo de la central de Garoña. No parece rentable mantener en funcionamiento la central hasta julio en esas condiciones.

El anuncio de Nuclenor, en el que participan Endesa e Iberdrola, llega precisamente cuando se debate el proyecto de ley en el Senado, lo que lleva a pensar que se trata de una medida de presión a la desesperada para intentar suavizar las condiciones fiscales.

Con el cierre de Garoña, ya sea ahora o en julio de 2013, el Partido Popular, incumple la promesa electoral de mantener esa central, anticuada y peligrosa, abierta hasta 2019. Resulta paradójico que el más pronuclear de los partidos del arco parlamentario va a ser el responsable del apagón de esta central.

El impuesto sobre el combustible nuclear gastado supone un paso más, aunque demasiado tímido, hacia la internalización de los costes de la energía nuclear. Este nuevo impuesto supondría un aumento del coste del kWh nuclear de unos 0,7 céntimos de euro, de acuerdo a cálculos iniciales. En todo caso, las cargas fiscales que deberán asumir todas las centrales a partir del año que viene están muy por debajo de los costes reales de la gestión de unos residuos nucleares, que seguirán siendo radiactivos, y por tanto muy peligrosos, durante cientos de miles de años.

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