Como ya denunció Ecologistas en Acción, el “Decreto del Carbón”, camuflado como Real Decreto “de procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro”, ha supuesto un importante aumento de emisiones. Pero la organización ecologista quiere aclarar que este incremento no lo ha sido tanto por el propio Decreto, sino por su nefasta e ilegal aplicación.

Para Ecologistas en Acción estaba claro que las bases del decreto eran supuestos insostenibles; como reconocía la Comisión Nacional de la Competencia; ya que, ni se estaba en una situación de crisis energética que hiciese necesaria la movilización de estos recursos, ni peligraba el suministro de electricidad, pero lo que ha ocurrido, con un incremento de emisiones de CO2, del orden de los 8 millones de toneladas, que va en contra de toda lógica y de las políticas europeas de lucha contra el cambio climático, es debido, no tanto al propio decreto, como a su mala aplicación.

En primer lugar, se suponía que con el decreto no habría un incremento significativo de emisiones, y así, el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro consistía en realizar las modificaciones necesarias para cumplir los referidos criterios de seguridad de suministro, pero con el menor impacto económico y ambiental posible, por lo que, la entrada en el sistema de las centrales que utilizarían carbón nacional, debería de compensarse con un mecanismo de reducción de producción que se aplicaría sobre las instalaciones térmicas emisoras de CO2, siguiendo un orden de mérito descendente de los niveles de emisión de CO2 de las distintas instalaciones. Posteriormente, el Ministro de Industria en el plazo de dos años debería presentar un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático, en el que se analizaría el impacto en relación a las emisiones de CO2 como consecuencia de la aplicación del procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro.

Pero la realidad es que esto no se ha cumplido y se ha continuado quemando carbón de importación, además del carbón nacional previsto en el decreto, por lo que la generación con carbón se ha incrementado en casi un 100%, pasándose de los 21.000 GWh de 2010, a superar los 42.000 GWh. Esto ha supuesto que las centrales de gas, de ciclo combinado, con menores emisiones de CO2 por kWh generado, hayan visto reducida su generación en unos 13.500 GWh (-21 %) lo que las coloca en un régimen de funcionamiento del orden del 23%. Dadas las mayores emisiones de las centrales térmicas de carbón respecto de las de gas en ciclo combinado, esto ha provocado un aumento de emisiones de unos 8 millones de toneladas de CO2.

Y, en segundo lugar, y lo que es aún más inexplicable, a partir de agosto se termina con la tendencia de ir introduciendo paulatinamente cada vez más generación con carbón nacional, para lograr alcanzar, al final del año, el 100% del programa, y se comienza a reducir, de forma importante, la generación con carbones nacionales, por lo que, finalizado el año, con los datos del Sistema de Información del Operador del Sistema nos encontramos que la cantidad acumulada en el año, asignada en el proceso de resolución de garantía de suministro fue de 12.773 GWh, es decir, únicamente un 55% de los 23.346 GWh que era el valor máximo fijado para el 2011. Esto supone la utilización de unos 5,5 millones de toneladas de carbón, en lugar de los 10 millones previstos.

Es decir que se dobla la producción con carbón, se incrementan de forma importante las emisiones, y, además, se hace en base a carbones de importación, que suponen una participación en la generación eléctrica del orden del 70%, una generación eléctrica que, si hubiese sido absorbida por las centrales de gas, de ciclo combinado, hubiese supuesto unas emisiones evitadas de CO2, del orden de los 17 millones de toneladas.

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