Las medidas contra las energías renovables del ministro Sebastián parecen ser solo el principio, tal como se desprende del contenido del programa electoral del PP y de la ofensiva contra dichas energías que están protagonizando los directivos de las grandes eléctricas, entre otros.
Desde que en 2008 las renovables empezaron a amenazar el negocio de las grandes compañías de electricidad, los esfuerzos de estas por frenar y después destruir su desarrollo han ido dando sus frutos.

Todo comenzó en el verano de 2008, con la concesión de la prima fotovoltaica a todas las instalaciones que estuvieran instaladas en ese año. Lo que estaba previsto para potenciar una tecnología en fase de investigación y desarrollo, primando 400 MW, se convirtió en un derroche de dinero a favor de 2.300 MW, que cuesta todos los años 3.000 millones de euros en primas. Todos los grupos afectados, desde las eléctricas a los grupos ecologistas, pasando por la propia industria de las renovables, calificaron aquella decisión de torpeza.
Sin embargo, la recurrencia a ésta “torpeza” por parte de las eléctricas hace pensar si fue tal, o si realmente lo que se pretendía era marcar el principio del fin del desarrollo de las renovables, antes de que arruinaran el negocio de las centrales de carbón, gas y nucleares.
La sopa de decretos de principios de este año redujo las primas y aumentó las trabas administrativas. Todo indica que el Gobierno de Zapatero ni siquiera se ha atrevido a sacar a la luz el Plan de Energías Renovables 2011-2020, y el borrador de éste, que debería llevar un año aprobado, sigue en la misma línea. Con el Gobierno dado por muerto desde hace tiempo, el ministro Sebastián sigue trabajando en poner trabas al desarrollo de las renovables –el último ataque ha sido un decreto de retribución contra la eólica, que al final no verá la luz– y las grandes compañías aprovechan la ocasión, inmejorable, para defenestrar definitivamente las energías limpias.
Las últimas declaraciones del Presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, van en esa línea. No importa que diga barbaridades del calibre de que va a subir la luz en un 37,5% -él dice que subirá de 250 a 400 euros de media -, que se queje de que se vaya a superar el compromiso europeo del 20% de renovables en 2020 según el PER -éste propone un 20,8%, es decir, un 0,8% más– y que defienda abiertamente las tecnologías “más fiables”. Tampoco importa que la patronal de la energía solar termoeléctrica, Termosolar, haya expulsado a Iberdrola por atacar ésta tecnología. Sánchez Galán sabe que tiene el poder suficiente para marcar la política energética del país, por eso no cuida sus declaraciones ni sus consecuencias. No lo necesita.
En paralelo, estudios macroeconómicos sobre los impactos de las renovables -como los efectuados por la consultora Deloitte para la Asociación de productores de Energías Renovables, APPA– demuestran que tanto la industria eólica como la solar termoeléctrica aportan al estado español más de lo que cobran en primas. Es decir, que es rentable apoyarlas. Todo ello integrando todos los costes, más incluso que las energías “sucias”. En efecto, hay parques eólicos que tienen que pagar, en algunas comunidades autónomas, por “impacto audiovisual”, algo de lo que están exentas las centrales térmicas de carbón, de gas y nucleares, que por lo visto están mucho mejor integradas en el paisaje. Ecologistas en Acción quiere llamar la atención de la opinión pública en general, y de los sectores afectados en particular, ante la agresión que están sufriendo las energías renovables por parte de los grandes poderes. Existen alternativas al modelo actual, como su propuesta de generación eléctrica para 2020, pero para ello es fundamental un Gobierno que ejerza de tal, y no se arrodille ante los intereses de las grandes empresas.
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